La propuesta de establecer el primer gabinete antropométrico en México surgió del médico legista Ignacio Fernández Ortigosa, quien publicó en 1892 su Memoria sobre la identificación científica de los reos.Dedicó el trabajo al Presidente Porfirio Díaz, con la finalidad de que aceptara que el autor introdujera el sistema Bertillon en la cárcel de Belem, ya que ese sistema era usado en Francia y otros países de Europa “con maravillosos resultados”, por lo que también debía de traerse a las cárceles mexicanas.
Para sustentar sus propuestas, Ortigosa publicó en sus Memorias diversas cartas de personalidades importantes en el ámbito jurídico como Agustín Borges, Procurador de Justicia; Rafael Rebollar, magistrado de la sala de casación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Manuel F. de la Hoz, juez 2º de lo criminal; y Agustín Verdugo, oficial de Instrucción del Instituto de Francia.
Para Agustín Borges, quien había visto en la disminución de los matrimonios el aumento en la criminalidad, era de suma importancia introducir en México las ideas de Alphonse Bertillon, doctor y criminalista parisino, creador del sistema del mismo nombre, porque sólo así podría aplicarse el castigo correcto. Borges consideraba que la forma de identificación que se tenía en aquel momento era ineficaz por la forma en la que se castigaba a los reincidentes, ya que ignoraba quiénes eran y los dejaba pasar como delincuentes primerizos, cuando en la mayoría de los casos los criminales eran reincidentes comunes, pues bastaban dos o más actos para que en ellos se arraigara el hábito de delinquir. De implementarse estas ideas
en las cárceles del país, se podría establecer quiénes eran los delincuentes y, sobre todo, los reincidentes, a los que finalmente se podría aplicar el castigo merecido, pues la reincidencia se considera un agravante en el momento de dictar la sentencia. Entre tanto, lo que Bertillon proponía era un sistema, es decir, un conjunto de reglas o principios “racionalmente enlazados entre sí”,con lo que se aseguraba que la ciencia ayudaría a castigar a los delincuentes y sobre todo a encontrar a los reincidentes, pues se pensaba que la propuesta de Bertillon, al ser un sistema comprobado, no tendría fallas y que fácilmente se podría encontrar al “tipo de criminal mexicano.”
Estas ideas eran similares a las de Rafael Rebollar, quien además agregaba que los medios utilizados entonces la mayoría de las veces sólo daban como resultado mentiras, mientras que el sistema nuevo sería infalible pues “tiene a la ciencia como colaboradora; […] es resultado de la observación y de grupos de hechos y grupos de fenómenos que, sometidos a métodos, pagan tributo al fin propuesto”.
Manuel de la Hoz confirma la idea de Rebollar. Para él, el sistema que se pretendía establecer era un método científico indiscutible, lo que ayudaría a que el aparato de justicia funcionara de manera correcta; la identificación que se realizaba en esos momentos resultaba confusa, lo que derivaba en graves errores, pues en ocasiones el delincuente primerizo era confundido con el reincidente. Estas situaciones eran los resultados del mal sistema de identificación que se tenía, dado que la mayoría de los criminales provenían de las clases bajas, donde la mayoría de los individuos eran indígenas que tienen los signos característicos de un tipo siempre uniforme y muy poco variado, [de lo que] sucede que el que pretenda identificar a un individuo de la raza indígena en un cuartel, por ejemplo, en donde el soldado tiene la misma talla e igual uniforme, no podrá conocer al hombre que busca.
Por su parte, Agustín Verdugo, el abogado liberal que estaba en contra del determinismo de las escuelas criminalísticas, en su colaboración cuida mucho sus palabras, pues el sistema Bertillon se asociaba continuamente con ellas, por lo que expone que si bien existían teorías que buscaban averiguar la responsabilidad de un delincuente, éstas no eran sino conjeturas de las que no podía obtenerse un veredicto, mientras que el nuevo sistema permitiría identificar a cada delincuente, lo que ayudaría a los jueces a fijar una sentencia porque sabrían con seguridad si el procesado era reincidente o no.
Finalmente, Ortigosa agregó a su Memoria la propuesta que había formulado el abogado Adolfo Díaz al ayuntamiento de la ciudad de México el 10 de marzo de 1892, en la que argüía que el sistema de identificación de reos ya se usaba en diferentes partes del mundo con mucho éxito, y principalmente en la Prefectura de París, donde se había originado y en el que Ortigosa había adquirido y perfeccionado sus conocimientos con el mismo Bertillon. Además, explicaba que esta implementación traería un gran beneficio al sistema de justicia y por ende a la sociedad, pues en la Cárcel de Belem, si no estoy mal informado, se practica la identificación de los presos valiéndose de sus generales y de media filiación; a reserva de que en el Juzgado respectivo se complete con las fotografías que de los reos se sacan, las generales pocas veces dan resultado, pues queda al arbitrio del interrogado contestar o no la verdad y siempre la oculta o la desfigura intencionadamente, puesto que la mayor parte de las veces está interesado en desviar la acción de la Justicia.
A los motivos explícitos se añadió otro factor a favor: el hecho de que el sistema Bertillon fuera de origen francés, pues durante la época que aquí se trata todo lo de origen francés representaba el adelanto social y la modernización de los sistemas; para el caso de la medicina, la influencia francesa se dejó ver en toda su magnificencia en las clases urbanas, que vestían a la moda francesa, leían francés porque era considerado el idioma de la cultura, viajaban a Francia a preparase en diversas profesiones. En materia de salud, el Estado adoptó los códigos y disposiciones franceses de salubridad.
Ya en la praxis, la mayoría de los motivos para cambiar el sistema de identificación de reos que había estado vigente desde el 11 de enero de 1842 se sustentó en el hecho de que el que operaba en ese momento no respondía a un método científico, pues se basaba en observaciones subjetivas, de las que en la mayoría de las ocasiones se obtenían resultados falaces. La identificación se obtenía mediante la anotación de los datos biográficos generales, la media filiación y dos fotos del preso, de las que ya en la realidad ninguna podía usarse pues éstos procuraban hacer muecas frente a la cámara con la finalidad de imposibilitar una buena toma. Sobre los registros se escribía el nombre que los mismos presos habían proporcionado y que, como señala entre otros Manuel de la Hoz, en innumerables ocasiones resultaba falso, pues ocultaban sus datos verdaderos para no ser identificados como reincidentes.
Los datos generales se obtenían a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama usted?, ¿de dónde es?, ¿es usted casado, soltero o viudo?, ¿cuántos años tiene?, ¿cuál es su ocupación?; finalmente, ¿dónde vivía antes de ser aprehendido? De lo “que queda al arbitrio del interrogado contestar á estas preguntas de acuerdo con la verdad o de acuerdo con su capricho”, mientras que la media filiación quedaba a criterio de algún encargado de la alcaldía y de algún otro del juzgado, pues a cada preso se le realizaban dos medias filiaciones.
La primera de estas medias filiaciones se efectuaba en el juzgado después de que se dictaba sentencia al acusado, mientras que la segunda quedaba a cargo de algún escribiente de la cárcel en el momento en que el sentenciado ingresaba como preso, y resultaba que no fuese raro que ambas medias filiaciones de un mismo preso no se parecieran entre sí. En ellas los empleados debían calificar si el individuo era alto, bajo o regular; si tenía pelo y cejas negros, castaños, canos o entrecanos; si su frente era regular, grande o chica; si sus ojos eran claros, negros o pardos; su nariz regular, chata o aguileña; si su boca era grande, regular o chica; su barba negra, castaña, cana o entrecana, escasa o poblada, y finalmente se debían anotar las “particulares” del preso, es decir, todas las marcas que ellos alcanzaban a distinguir, fueran lunares, cicatrices, etcétera.
Respecto de este sistema, el propio Lombroso había expuesto en su obra la forma en que ayudaba a ubicar a los criminales, ya que en algunas ocasiones había gente inocente que era tomada por criminal, lo que sólo se podría dilucidar mediante un estudio antropométrico. Para ejemplificar este punto relató el caso de un hombre de apellido Rossi que había sido condenado a cadena perpetua al habérsele confundido con un salteador de caminos. Sin embargo, el hombre era una persona honrada, lo que se descubrió mediante el examen antropométrico; gracias a esto Rossi recuperó la libertad.
Así, los males del sistema de identificación mexicano se pensaban remediar mediante el sistema Bertillon, pues se creía que no tendría fallas porque la identificación resultaba de la medición de diversas longitudes “huesosas” del criminal, que ya no crecen a partir de los 20 años. Ortigosa señalaba que para poner en marcha el sistema se necesitaba un compás fabricado por M. Colás, tres estantes para las fichas de identificación de los hombres y tres para las mujeres, varios cartabones de tamaños grande, mediano y pequeño, un compás de cremallera especial, un banquillo y una jaladera fijada en un mueble con la finalidad de que los individuos pudieran sostenerse mientras se les realizaban algunas mediciones. Además eran necesarias dos habitaciones, una para la sección de antropometría y otra para la de fotografía.
En la sección de antropometría se debían tomar, anotar y clasificar las medidas de diversas longitudes huesosas, que eran el diámetro de la cabeza, el diámetro transverso de la cabeza, la longitudinal del dedo medio izquierdo, la del pie izquierdo, la del codo, la estatura (longitud), la anchura de la oreja, la estatura y la braza. Con las cifras obtenidas se debía hacer una clasificación de éstas según fueran grandes, medianas o pequeñas, las cuales correspondían a cada uno de los estantes. Estos estantes debían estar divididos por cajones donde se anotaban los promedios de las mismas cifras que contenían al frente de ellos, con la finalidad de que aquel que buscara o deseara clasificar a un acusado pudiera hacerlo mediante un sistema de eliminación de medidas, y no por nombre como se hacía antiguamente.
Se calculó que cada cajoncito albergaría un promedio de 500 cartones, los que a su vez estarían divididos por cartones de colores que marcarían las divisiones de medidas grandes, medianas y pequeñas de la longitud de oreja, de anchura de oreja, de talla y, finalmente, de la braza, aunque para “hacer más fácil el trabajo de eliminación, las divisiones en cada cajilla se harán siempre de manera que las grandes longitudes estén colocadas del lado del fondo de la casilla”. Cada cartón estaría dedicado a un individuo y en él se anotarían sus longitudes, se agregaría un par de fotografías –de frente y de perfil–, sus generales y el nombre de sus padres, una descripción de su fisionomía y, finalmente, un espacio dividido en seis partes donde se indicarían sus señas particulares según fuera la región donde se encontraran, que debía ser anotado mediante abreviaturas.
V.gr. Cicatriz de 8 milímetros de longitud, en la mitad izquierda de la frente, oblicua hacia abajo y á la derecha, regular o irregular, consecutiva a herida hecha con instrumento cortante o contundente y deforme. Un lunar pigmentado y cubierto de vello en el lado izquierdo de la barba de 3 centímetros de longitud por 12 milímetros de anchura.
Todo lo cual quedará reducido por medio de abreviaturas a lo siguiente: C.0, S.f.izq.ob.ab.d.r. ó ir. cont. ó cort. def-l. pl br izq. 3 x 12.
En el departamento de fotografía se podría recurrir al fotógrafo con quien la Junta de Vigilancia tenía contrato, con el objetivo de que esta sección no generara mayores gastos. Únicamente éste debía aprender y ajustarse a las técnicas del retrato judicial que se usaban internacionalmente, en que se consideraba la unidad de la luz, de reducción, de tiempo de exposición, de posición del sujeto y de forma y tamaño, pues estas características daban uniformidad a los diferentes retratos, al tiempo que mostraban los ángulos que se necesitaba identificar. El fotógrafo sería ayudado por dos personas, las cuales formarían parte del equipo de ocho que se necesitaba para instalar dos departamentos del gabinete antropométrico en Belem. El personal administrativo quedaría de la siguiente forma: un jefe de servicio, un encargado de medidas, dos escribientes, tres fotógrafos y por último un empleado encargado de la clasificación alfabética.
La Memoria llegó a manos del presidente Porfirio Díaz, quien aprobó la solicitud del médico Ortigosa, como también lo hizo el ayuntamiento de la ciudad de México el 17 de octubre de ese año. Por conducto de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, el presidente señaló que era un deber y una preocupación constante combatir la reincidencia, pues consideraba que en un lugar donde impera el orden público, el reincidente era una figura extraña que era necesario estudiar y combatir. Para que las órdenes del presidente se concretaran, por el mismo conducto se ordenó que se reformara la fracción 3ª del artículo 93 del reglamento de la cárcel del 26 de octubre de 1880, en los siguientes términos:
Mandar que además de las generales de los reos que con arreglo a la ley deben aparecer en las partidas y procesos, se asegure la identidad de los reos condenados a la pena de prisión por medio de retratos fotográficos, complementados en cuanto fuere posible con las indicaciones del Señalamiento Antropométrico.
El gasto que se debía realizar para la instalación del gabinete antropométrico en la cárcel de Belem fue calculado por el ayuntamiento de la ciudad de México en 8 814.15 pesos, los que se pagarían con los fondos de la junta de vigilancia de cárceles y con dinero que se tenía destinado a las habitaciones del alcaide. El presidente de la junta de vigilancia decidió economizar inicialmente 1 669.73 pesos gracias a que todos los muebles y útiles de madera que debían emplearse en el gabinete fueron construidos por los presos, con los materiales del taller de carpintería. Al mismo tiempo se ahorraron miles de pesos más, lo que dio como resultado que “con la suma de $208 he fundado un gabinete antropométrico que llena las condiciones exigidas por el nuevo Código de Procedimientos Penales y por cuyo gabinete alguien te pidió $8 000”.
Además, por órdenes de Salinas y Carbó también se tuvo que ahorrar en el sueldo del jefe del gabinete antropométrico, por lo que a finales de 1894 cuando se terminó la instalación del gabinete no se llamó para este cargo a Ignacio Fernández Ortigosa, sino a Ignacio Ocampo, el médico de la cárcel, quien desde el principio había sido comisionado por Salinas para que diese principio a los trabajos antropométricos al Sr. Director de la Sección Médica Dr. D. Ygnacio Ocampo, quien con una autoridad y celo dignos de elogio, ha practicado ya la medición de quinientos sesenta y dos sentenciados y continúa midiendo a los demás a razón de diez y seis en cada día.
Esta decisión del presidente de la junta de vigilancia debió tomar por sorpresa a muchos, pues durante 1892, y aún en los primeros meses de 1893, el propio Ortigosa, algunos conocidos suyos y algunos otros interesados en la materia escribieron numerosos artículos en diversos diarios de la ciudad en los que se reprodujo la información de lasMemorias, así como la propuesta que se había hecho al ayuntamiento de la ciudad de México y que ponía a Ortigosa como el único hombre capaz de llevar a cabo dicha tarea.
Tal fue el caso del doctor Manuel Flores, quien sostuvo que como los criminales cada día eran más y sobre todo más experimentados en su materia, se necesitaban nuevos y más eficientes medios para controlarlos. Por ello recomendó el uso del procedimiento antropométrico del doctor Bertillon, que servía para identificar a un determinado tipo de delincuente, específicamente al delincuente habitual; a aquel que era propenso e inclinado al crimen por su conducta “invariablemente delictuosa”, y que por su naturaleza debía de identificarse, pues, aunque hubiera sido castigado alguna vez, tarde o temprano volvería al crimen y por ende a la prisión. En la cárcel debía de funcionar el sistema mencionado, que había sido traído a México por el médico legista Fernández Ortigosa, “quien lo conoce y lo practica con competencia por haberlo estudiado y ejercitado en París al lado del mismo inventor”; sólo así podría prevenirse un nuevo crimen, gracias a que se brindaría un conocimiento superior a la policía, lo que garantizaría formas más eficientes de represión y de seguridad pública.
Incluso el 9 de junio de 1893, cuando comenzó el periodo de gobierno del general Pedro Rincón Gallardo en el Distrito Federal, se le recordó que la propuesta de Ortigosa debía aplicarse cuanto antes, pues en Estados Unidos ya se estaba practicando el sistema Bertillon desde septiembre 1892, a pesar de que el médico mexicano había presentado antes su propuesta y de que el mismo Ortigosa ya llevaba construidos por su cuenta tres estantes con clasificaciones antropométricas que serían un gasto menos para el ayuntamiento de la ciudad de México.
Sin embargo, como se ha señalado, Ortigosa no fue llamado para trabajar en el gabinete, hecho que no pasó por alto la prensa. En mayo de 1895 se le recordó a Salinas y Carbó que la idea de adoptar el sistema Bertillon no había sido suya, sino del doctor Fernández Ortigosa, quien había estudiado las modificaciones que debía tener este sistema para el caso mexicano desde 1877. Fernández había viajado a París para trabajar y aprender del propio Bertillon y a su regreso había medido él mismo a 800 criminales, a los que además mandó fotografiar para llevar sus registros de forma correcta, sin que por esto hubiera cobrado. Al mismo tiempo, se criticó el gabinete antropométrico establecido debido a que los ahorros de Salinas y Carbó habían resultado en lo siguiente:
Los aparatos de ese gabinete no sirven para el objeto: se toma la estatura en uno de nuestros antiquísimos cartabones de madera, donde una corredera marca la altura con diferencias hasta de 7 u 8 milímetros en cualquier movimiento del procesado; para tomar la longitud del antebrazo o del pie, partes que tienen pronunciadas curvas que pueden variar con la robustez del individuo, no hay aparatos a propósito; el libro de medidas no está en perfecta relación con el álbum fotográfico y en las tarjetas hay defectos capitales.
La prensa no fue la única en mencionar las fallas de la antropometría en Belem, ya que personajes como Juan Comas señalaron que el gabinete nunca llegó a funcionar correctamente debido “a que en lugar de quedar en manos de Fernández Ortigosa fue dirigido por el doctor Ignacio Ocampo, que no estaba familiarizado con la aplicación de técnicas francesas”.
En este punto cabe señalar que en 1892, cuando Fernández envió su propuesta, México parecía adelantarse al coro de naciones del continente americano, pues para ese entonces sólo en Buenos Aires existía un gabinete antropométrico (1889), mientras que en Estados Unidos apenas se empezaba a poner en práctica el sistema Bertillon (1892). En el lapso que transcurrió hasta 1895, en Perú (1892), Brasil (1893) y Río de la Plata (1894) se instalaron gabinetes de antropometría que propiciaron diversos estudios sobre los criminales, entre los cuales están los trabajos de Juan Vucetich que pondrían a Argentina a la cabecera de los métodos identificación con la creación del primer gabinete de dactiloscopia. No obstante, aún queda por analizar la forma en que estos gabinetes fueron usados en sus respectivos países, pues “en ocasiones, los gabinetes sirvieron primero al estudio criminológico que a la identificación”.
Fuente: revistascientificas.udg.mx
Autor: Karina Villegas Terán
Deja una respuesta