En la sociedad actual, prevalece la percepción de que existe una fuerte asociación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos, principalmente cuando hacemos referencia a niños y adolescentes. No obstante esta apreciación, aún no se ha podido establecer qué tipo de relación existe entre ambas conductas, ni se ha establecido con claridad de qué manera una puede influir en la génesis de la otra.
Para comenzar a analizar el problema planteado, debemos definir qué entendemos por “Delincuencia juvenil relacionada con la drogas”. Este término engloba tres grupos de delitos. El primero de ellos son los “delitos psicofarmacológicos” que son aquellos cometidos bajo los efectos de una sustancia psicoactiva, llámense, cocaína, paco, pastillas mezcladas con alcohol, que se dan como resultado de su consumo agudo o crónico. Es decir, aquellos que resultan del consumo de sustancias específicas que estimulan o favorecen alguna disposición, que contribuye a la realización del delito. Los psicofármacos mezclados con alcohol son la sustancia más consumida por los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal en nuestra ciudad y la región. Los chicos suelen denominarla con ingeniosos nombres como “la renoleta” en alusión a su principal ingrediente el rivotril, (clonazepan). También la llaman “corajín” ya que según sus propios dichos les da coraje para salir a robar. O simplemente la designan como “la jarra” en honor al envase donde mezclan sus principales ingredientes (alcohol y pastillas).
En base a ello, el primer interrogante que debemos formularnos como sociedad adulta y responsable es de qué manera un niño de 10 u 11 años de edad consigue alcohol (que en teoría sólo debería expenderse a personas mayores de edad) y psicofármacos (que se deberían vender únicamente en farmacias y bajo receta). La respuesta es sencilla. Siempre hay detrás un adulto que con la intención de hacer dinero fácil se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de muchos de nuestros gurises.
En relación a otro tipo de drogas más populares se considera poco probable que el consumo de cannabis –marihuana– favorezca la comisión de delitos psicofarmacológicos, puesto que esas drogas suelen reducir la agresividad; aun así, la irritabilidad asociada al síndrome de abstinencia, junto con los problemas de salud mental relacionados, puede asociarse a un aumento de la violencia.
El segundo grupo de los delitos relacionados con las drogas son los llamados “delitos compulsivos con fines económicos”. Aquí el delito se comete para obtener dinero (o sustancias) con el fin de financiar la adicción a las drogas.
Es muy común en la iniciación de los niños y adolescentes con las drogas que éstos las consigan en el propio barrio, situación que otrora no ocurría, pues existían códigos no escritos que se fueron rompiendo. Años atrás los “narcos” –como suelen nombrarlos los chicos a aquel que les provee de sustancias–, no les vendían a los pibes del barrio. Así mismo era impensado que los jóvenes robaran en su propio barrio, sino que lo protegían de la acción delictiva de los de “afuera”. Hoy las adicciones y la necesidad de conseguir dinero para drogarse hicieron también que se perdieran estos códigos. El mecanismo de la iniciación de los niños y adolescentes es sencillo: los narcos, comienzan haciéndoles probar en forma gratuita algunas dosis de la sustancia que sea (pequeñas invitaciones de la casa) y cuando los chicos “le agarraron el gustito” y quieren más, les indican que ahora deben pagarla y que se aceptarán todo tipo de trueque como medio de pago. Aquí es donde aquel nene de 11, 12, 13 años, tiene que conseguir dinero o medios de cambio a cualquier costo para adquirir esa sustancia casi mágica que lo aleja de su realidad, que le quita el hambre, el sueño, el frío, que le hace olvidar la violencia de su casa, los abusos padecidos, ya sea contra él, su hermanitos o contra su mamá. Y entones necesita procurase dinero, y la única solución, influenciado por los narcos, es que salga a robar: “Tráeme la guita o lo que te hagas y te doy más”. La frase, “lo que te hagas”, es el resultado del robo y la vedette de cambio en estos días es el teléfono celular. Existe un gran mercado que mueve miles y miles de pesos en torno de la venta de celulares robados en el mercado negro. En la Argentina, según las estadísticas, se denuncia el robo de 400 a 500 teléfonos celulares por día. Y Entre Ríos, no es la excepción. El 90% de los delitos que se comenten por menores de edad en nuestra provincia consisten en el arrebato de teléfonos celulares, que ni siquiera los adolescentes se encargan de comercializar, sino que es entregado al narco, quien por cada celular, dependiendo del modelo puede pagar –canjear por drogas– desde 80 hasta 200 pesos, por un teléfono que en el mercado puede costar de 1.000 a 1.500 pesos. Posteriormente los narcos los venderán en comercios de telefonía celular que hacen muy pocas preguntas sobre su origen para su nueva comercialización y algunos quedarán en manos de delincuentes comunes para cometer otros delitos.
Por supuesto que también dentro del trueque están los electrodomésticos de su casa que con tanto sacrificio su familia logró adquirir, su propia ropa y zapatillas que en la mayoría de los casos aún se están pagando en numerosas cuotas.
Se incluyen en esta categoría el robo de recetas y los atracos a farmacias cometidos por consumidores, en ambos casos para conseguir medicamentos que se emplean como sustitutivos de productos ilegales.
Por último encontramos los denominados “delitos sistemáticos” que son los delitos que se cometen dentro de los sistemas y redes de la distribución de drogas ilegales. Contempla una criminalidad violenta como, por ejemplo: las disputas sobre territorios entre distribuidores de drogas rivales; asaltos y homicidios cometidos dentro de la jerarquía de distribución como medio de imponer códigos normativos; robos a distribuidores de drogas y represalias violentas; castigos por vender drogas falsas o adulteradas o por no pagar deudas; disputas sobre drogas o su parafernalia. Este modelo es el de mayor violencia y hasta hace pocos meses atrás, era impensado que este tipo de delitos fueran cometidos por adolescentes. Hoy asistimos al enfrentamiento entre distintos barrios y grupos de jóvenes reclutados por los narcos (que le suministran armas de fuego) que se erigen como protectores o guardianes del territorio para la venta y distribución de drogas. Cabe remarcar que a esta grave situación no podemos identificarla con la inseguridad, producto que no se está cometiendo un hecho delictivo contra un ciudadano común, sino, que como se dijo, se da como parte de una actividad ilegal asumida por los más jóvenes para custodiar la distribución de drogas y proteger el territorio.
Las estadísticas, los medios masivos de comunicación nacionales, nos dicen que la relación entre el consumo de drogas y el delito juvenil es alarmante y aumenta cada día y se nos pretende vender una ecuación casi perfecta de Juventud + Vulnerabilidad + Droga= Delito.
Todos sabemos que los efectos del consumo de alcohol, marihuana, psicofármacos y otras sustancias en todos los niveles, impactan con más fuerza en los sectores más frágiles de la población. La ausencia de un contexto familiar y social que los contenga, provoca en estos jóvenes un estado de vulnerabilidad tal, que los hace más permeables a las adicciones y su correlato con el delito. Esta falta de contención, de afecto hace que los chicos se refugien en las drogas y éstas terminan convirtiéndose en la familia ortopédica de estos niños.
Los resultados de los estudios especializados en la temática, coinciden en que parece existir una fuerte relación entre el abuso de drogas por parte de la juventud de grupos vulnerables y la implicación directa en causas delictivas, aunque en todos los casos se afirma que la naturaleza de esta relación no está del todo clara. Lo cierto es que no existe ninguna sustancia psicoactiva a la que puedan atribuirse propiedades universales de generar delincuencia, y tanto los factores personales como los ambientales pueden influir en la manera en que tales sustancias impactan en su conducta.
La preocupación por el abuso de drogas entre adolescentes que han comenzado a delinquir parece estar bien fundada. Las drogas acompañan y probablemente motivan mucho del delito que se comete. Estos datos son una advertencia importante para actuar pronta y oportunamente sobre el poderoso vínculo droga/delito.
Esta problemática no sólo tiene un interés teórico, sino también profundas implicaciones para la política pública, puesto que su conocimiento determinará la manera en que el Estado responda a la delincuencia juvenil relacionada con la droga.
Esta situación nos indica que no basta con imponer sanciones y encerrar a estos adolescentes, sino que existen múltiples factores que condicionan la infracción a la ley, que necesariamente requieren de una atención urgente y de calidad para ser eficaz. Ante todo debemos entender que se hace necesario enfocar esta problemática desde la perspectiva de la protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, entre ellos, especialmente, el derecho a la salud, toda vez que se trata de una población juvenil que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Debemos tener muy en claro que la sola criminalización de estas conductas por el sistema penal sin la construcción y fortalecimiento de un sistema de Protección Integral de Derechos, eficaz y con financiación acorde a su efectiva intervención no va a resolver absolutamente nada, porque el derecho penal interviene cuando todas las instituciones previas, que deberían haber visualizado y solucionado el conflicto, no pudieron o ni siquiera vieron el problema. La primera de esas instituciones es la familia. Y así la justicia penal con un enfoque unidimensional no puede pretender solucionar un problema multidimensional como sería el incremento de los delitos cometidos por los adolescentes que consumen sustancias psicoactivas. Pretender solucionar un problema de salud mental, un problema social con el código penal, además de ser una locura es inútil.
Fuente: eldiario.com.ar
Autor: Pablo Barbirotto
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