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De Geru Aparicio Aviña y Cecilia Cruz
La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un problema que tiene un origen cultural ancestral; se reproduce y tolera socialmente, debido a que se fundamenta en los procesos de socialización y educación de las personas adultas, este sistema de creencias permea para mantener una estructura social adulto-céntrica; la distribución del poder y funciones que conlleva la responsabilidad de brindarles atención y cuidados, es justificada y legitimada para normalizar todo tipo de abuso de poder, maltrato y omisiones en aras de la disciplina y crianza.
Nos enfrentamos a una visión de adultismo donde se valida que niñas, niños y adolescentes, se representen como objetos de tutela y no como titulares de derechos; aún son frecuentes ideas de disciplina basadas en la violencia, como “más vale una nalgada a tiempo”, etc. con la idea de que debe existir una subordinación sine qua non, y una transgresión para que obedezcan; como si fueran objetos de pertenencia de madre, padre, familia; exponiéndoles a una condición de vulnerabilidad en situaciones de malos tratos y violencia.
Las etapas de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica, que atraviesan niñas, niños y adolescentes tiene su hito legal a los 18 años; mientras tanto se menosprecia su experiencia como personas humanas, bajo ciertas premisas:
Cuando tengas mi edad…
Cuando seas grande…
Tú ahora, por tu edad, no comprendes que…
Porque soy tu madre, padre, (mayor)…
A tu edad, no se sabe…
Tú no sabes de la vida…
Lo dices por inmadurez, por ser niña, niño, joven…
Mientras vivas en este techo…
Es tu obligación obedecer…
Yo a tu edad…
Lo anterior, implica el asumir que personal del servicio público que imparte y/o administra justicia; requiere respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, como titulares de estos; velar para que quienes tienen guarda, custodia, patria potestad y/o a su cargo su cuidado, cumplan sus responsabilidades en consonancia a los preceptos legales de la Constitución, las Leyes y Tratados Internacionales en materia.
Es aquí es donde se presenta el principal desafío y reto, ya que en su quehacer diario, se replica la visión adulto-céntrica; la generación de adultos, que actualmente se desempeña en la administración de justicia, fueron educados bajo un esquema donde no existía ordenamiento jurídico que respetaba y garantizaban los derechos de niños, niñas y adolescentes específicamente; ni existía la producción de conocimiento para crear otras formas de disciplina, contención, límites y educación en respeto a la integridad física y emocional de estos.
La metodología en perspectiva de género, permite la identificación y cuestionamiento de las construcciones sexo genéricas, que imperan en nuestra cultura (la biologización de la discriminación); la intención de que sean profesionalizados en esta metodología más en el criterio hermenéutico del interés superior de la niñez, permitirá que las personas participantes, analicen la normalización del menoscabo, obstaculización de los derechos humanos de la niñez, y no actuar por inercia de lealtad al linaje familiar, visibilizando la discriminación y la importancia de crear alternativas de crianza, con métodos de disciplina comprometidos en la dignidad humana; ya que lo que nos interesa es preservar sistemas familiares en buenos tratos; y que niñas niños y adolescentes crezcan en un entorno libre de violencias; es imperativo hacer transformaciones culturales necesarios en el ejercicio y goce de derechos humanos bajo el principio de igualdad en dignidad humana dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
Es muy importante que como sociedad seamos responsables de la educación y cultura de nuestra juventud, no seamos indiferentes ante situaciones y acontecimientos que están a la vista y que por normalidad dejemos de notar.
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